Ciudadanos y mercados

13 septiembre 2011 – 15:58
Por Manuel Castells. La vanguardia

Zapatero quedará en la historia como el peor presidente de la democracia
española hasta la fecha (Aznar al menos tenia coherencia ideológica). La
pantomima de reforma constitucional perpetrada con nocturnidad y alevosía
veraniega por los dos grandes partidos compinchados afecta a la raíz de la
democracia y la autonomía del Estado. Ha sido una decisión impuesta por
Merkel y Sarkozy, retomando una propuesta del PP. Se razona que era
necesaria para calmar la desconfianza de los mercados sobre la deuda
española que podría precipitar una crisis de las deudas europeas, en
particular italiana, hundiendo así al euro. Reflotar a Grecia, Portugal e
Irlanda es difícil. Salvar a España de la quiebra es inviable para las
finanzas alemanas y francesas. De ahí la presión sobre el Gobierno español
que hace tiempo abandonó cualquier veleidad de soberanía económica. Todo en
nombre de vaticinios sobre el comportamiento de los mercados, poder supremo
y misterioso al que hay que aplacar con sacrificios humanos: los recortes de
gasto social afectan a salud, educación y pensiones, o sea, a la vida.
 

Pero ¿quiénes son los mercados? ¿Usted conoce personalmente a algún mercado?
En realidad se les pueden poner nombres y apellidos: son los inversores (tal
vez usted mismo) gestionados por intermediarios financieros. ¿Pero qué
quieren los tales inversores y sus intermediarios? ¿El equilibrio fiscal?
¿La capacidad de pago de la deuda a largo plazo? Todo eso son cálculos
estratégicos para llegar a otro fin, a lo que verdaderamente mueve la
inversión: la ganancia contante y sonante a corto plazo. Así funcionan las
finanzas, de eso dependen los dividendos para los accionistas y, sobre todo,
las comisiones y primas para los operativos financieros. Y esa ganancia a
corto plazo se obtiene por múltiples medios, entre ellos la apuesta por
cambios de valoración de efectos financieros, incluidos los bonos del Tesoro
y las divisas. De modo que según para quién la devaluación de la deuda
soberana española y el aumento de la prima de riesgo pueden resultar en un
pingüe negocio. Las grandes ganancias se producen precisamente en situación
de turbulencia financiera. En cambio lo que los inversores (llamados
mercados) tienen en cuenta son las perspectivas de actividad de cada
economía. Porque la recesión y el aumento del paro son mal negocio para
todos. Precisamente por eso, cuando en la primavera del 2010 España decretó
medidas de austeridad la evaluadora Fitch rebajó la cotización de nuestra
deuda pública. ¿Qué no harán ahora esos inversores al saber que, aunque a
largo plazo la deuda española pudiera pagarse, a corto plazo el país se
queda seco de estímulo fiscal posible en una situación en que la inversión
privada no puede salir por si sola de la crisis de empleo y demanda? La
atonía económica es la más negra perspectiva para los mercados.

Y por eso el mismo día en que los siseñores de las Cortes del Reino votaban
atar de pies y manos al Estado discapacitándolo para obtener recursos cuando
hiciera falta, subía la prima de riesgo española y caían las bolsas de todo
el mundo como reacción al decrecimiento del empleo en EE.UU. En contraste,
hubo una reacción alcista de las bolsas cuando se alcanzó el acuerdo para
que EE.UU. pudiera endeudarse más. Y se han vuelto a hundir tras el anuncio
por el FMI de la posibilidad de recesión a pesar (o a causa) de los
recortes. Por esas razones pueden quebrar España y el euro, no por
endeudarnos.

No se trata de salvar la economía española sino de aprovechar la crisis para
maniatar a los representantes de los ciudadanos por si tienen la tentación
de seguir a sus votantes en lugar de a los mercados interpretados por
Merkel, Sarkozy y todos aquellos que salvan su pellejo político en sus
países a costa de los otros europeos: una demostración de la des(U)nión
Europea.

Pues este es el meollo de la cuestión: en nombre de los mercados (cuyo
criterio está por ver) se impone una reforma constitucional a los
ciudadanos, sin consultarlos y aprovechando una mayoría parlamentaria que
puede disolverse en tres meses. Y de paso, se deslegitima una Constitución
de quita y pon, que es intocable para según qué cosas y se manipula en unos
días para lo que conviene a aquellos políticos coyunturalmente en el poder.
Así jamás se hubiera aprobado la Constitución de 1978 que, por imperfecta
que sea, permitió organizar una coexistencia política a partir de un
consenso evolutivo que ahora se ha roto sin necesidad perentoria y sin
informar a los ciudadanos del por qué de esa urgencia aparte de las oscuras
referencias a la percepción de los mercados. Y es que los ciudadanos tienen
derecho a equivocarse porque eso también es soberanía popular. Lo que no
aceptan es invocar la democracia como fuente de legitimidad para después
actuar sobre temas tan importantes aplicando el rodillo parlamentario como
si el país fuera de los políticos. El ejemplo islandés vuelve a la memoria:
tras meses de movimiento social un referéndum sobre las políticas de crisis
llevó a la regulación financiera, al despido y encausamiento de políticos
culpables de la crisis y al impago de las deudas bancarias. Y se arregló la
cosa para la gente.

Si ya había una crisis de legitimidad profunda en la democracia española,
fuente de la indignación que comparte una gran mayoría de la población, esta
vergonzosa reforma de la Constitución dinamita cualquier credibilidad de los
políticos que la votaron. Y de paso se lo pone muy difícil a Rubalcaba, que
intentaba salvar los muebles de su partido y de la política tendiendo
puentes al sentir de la sociedad. Si la fuente de la Constitución son los
mercados, que manden los banqueros por la vía directa. Pero si los
ciudadanos piensan que son ellos los constituyentes, tal vez podrían
refundar la democracia pacíficamente y limpiar las instituciones de unos
partidos mayoritarios que acampan en las Cortes como si fuera su finca y
nosotros sus peones. Acampada contra acampada. Cinismo político contra
esperanza de ciudadanía. A desalambrar.
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