El Gobierno da carpetazo a la denuncia de investigación de armamento español en el Sahara Occidental

27 julio 2011 – 12:04
El Gobierno español rechaza tramitar la denuncia presentada el pasado
mes de junio por cuatro organizaciones sociales y jurídicas, en la que
pedían que se investigase la presencia de material militar vendido por
España a Marruecos en el Sahara Occidental. La contestación aparece
firmada el 1 de julio de 2011 por Alfredo Bonet Baiget, Presidente de
la Junta Interministerial Reguladora del comercio exterior de material
de defensa y doble uso. La denuncia fue presentada por JUSTICIA I PAU,
la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, CEAS-SAHARA y el Observatorio de Derechos Humanos de Castilla
La Mancha para el Sahara Occidental.

En esencia, la negativa pretende escudarse en que se está tramitando un
juicio, el procedimiento judicial 285/2010, seguido ante la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional.

Aunque la negativa no sorprende, por ajustarse a la tradicional actitud
del Gobierno de opacidad y falta de transparencia en todo aquello que
tiene que ver con el destino de nuestras exportaciones en materia de
defensa y, muy especialmente, en el caso de Marruecos y el uso que de
dichas armas se hace en el Sahara Occidental, lo que sí sorprende es la
ausencia de peso de los argumentos con los que pretende justificarse
dicha arbitraria decisión.

Desde el momento en que indebidamente se califica la denuncia
presentada como realizada en el ejercicio del derecho de petición, al
amparo de la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de
Petición, queda claro que la finalidad del Gobierno al responder de
dicha manera no es otra que la de eludir toda actuación que le obligue
a investigar y fiscalizar si el material que aparece en el video
grabado en febrero pasado en El Aaiun --y que se aportaba junto a la
denuncia-- se corresponde con los vehículos de alta movilidad técnica
VAM TAC y cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio a Marruecos
durante los años 2008, 2009 y 2010.

Pretender evitar una investigación como la que se solicitaba en la
denuncia amparándose en que existe un procedimiento judicial en curso
sería completamente irrisorio de no ser porque nos encontramos ante una
ocupación militar ilegal que se prolonga durante más de 35 años y que
ha producido miles de víctimas. Con la negativa a investigar se
pretende impedir que se conozca oficialmente si los vehículos que
España vendió se están utilizando efectivamente para reprimir a la
población saharaui, contribuyendo de esta manera a que Marruecos
consolide su presencia y dominación militar sobre un territorio y
población que no le pertenece y sobre los que no ostenta derecho ni
legitimidad alguna.

No existe razón jurídica alguna que impida iniciar la investigación.
Las entidades que la presentaron no son parte en proceso judicial
285/2010, seguido ante la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. Los hechos a los que
se refiere su denuncia son posteriores a la interposición de dicho recurso
contencioso-administrativo y se encuentran relacionados, muy
especialmente, con los acontecimientos descritos el informe del
Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad
(SC/2011/249), de fecha 1 de abril de 2011. Es decir, con el
desmantelamiento violento del campamento Gdim Izik y la presencia de
vehículos militares de procedencia española en la ciudad de El Aaiun
durante el pasado mes de febrero de 2011.

El 8 de junio de 2010, comparecía ante la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados la Secretaria de Estado de Comercio Sra.
Silvia Iranzo Gutiérrez, para presentar las estadísticas españolas de
exportación y material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso, correspondiente al año 2009. En su
intervención y a preguntas de la diputada Sra. Rosa Diez respondió que
"también plantea el caso de Marruecos, donde pueden ver que
la exportación ha consistido en la exportación de vehículos y camiones,
que no están armados y que no están blindados, en un número importante,
son 286 vehículos, y LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS ES QUE ESTA EXPORTACIÓN
NO SE HA DESTINADO, EN NINGÚN CASO, A ALIMENTAR EL CONFLICTO, QUE HA
CITADO S.S., CON EL PUEBLO SAHARAUI."

Los recientes acontecimientos han demostrado que las explicaciones
dadas entonces eran falsas, Marruecos sí utiliza las armas contra el
pueblo saharaui. Sin embargo, cuando se preguntar al respecto en sede
parlamentaria los coríferos del Gobierno arremeten contra quienes
discuten lo contrario. El pasado día 16 de noviembre de 2010, el
portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús
Cuadrado, al contestar a las preguntas del diputado de Izquierda Unida
Gaspar Llamazares respecto a las ventas de armamento a Marruecos,
defendió la venta de armamento a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto,
haciendo referencia, cínicamente, a que no pueden
ser "Estados desarmados", porque "eso es un desastre para las necesidades de
seguridad de nuestro país". Un mes después, el 17 de diciembre, Mohamed
Bouazizi se echó encima un bidón de gasolina y se prendió fuego
originado las revueltas en Tunez que determinaron la caída del régimen
del dictador (cliente-comprador) Ben Alí.
Los hechos han demostrado que Marruecos utiliza las armas de que
dispone para atacar a la población civil saharaui, desde 1975 hasta
nuestros días. Los graves acontecimientos vividos en octubre-noviembre
de 2010 y el posterior incremento de la presencia policial y militar en
el Sahara Ocupado han acreditado que su trayectoria en lo que se
refiere al respeto a los derechos humanos no ha cambiado.

La parlamentaria del grupo Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya
Verds, Nuria Ventura Puig, presentó una pregunta el pasado 16 de
noviembre de 2010 respecto a que garantías se van adoptar por el
Gobierno para asegurar que las armas que vendió España a
Marruecos durante los años 2009 y 2010 no se utilizan en el Sahara occidental
violando los derechos humanos. El 21 de marzo, el Secretario de Estado
de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios respondía que si se
demostrara una utilización indebida y no autorizada de los vehículos ya
exportados se procederá a la suspensión o revocación de las licencias.

La trayectoria de las declaraciones oficiales indican que se ha pasado
de asegurar (junio 2010) que Marruecos no emplea las armas españolas en
el conflicto del Sahara Occidental a exigir que se demuestre una
utilización indebida y no autorizada (marzo de 2011). Después (julio de
2011), cuando se contesta a la denuncia del pasado mes de junio en la
que se demuestra ese uso indebido, se pretende cerrar el paso a toda
investigación, aunque sea por hechos nuevos, argumentando --contra toda
lógica jurídica-- que a ello se opone la existencia de un procedimiento
judicial en tramite ante la Audiencia Nacional.
En octubre de 2010, todos los grupos votaron por unanimidad en el
Congreso de los Diputados una propuesta de resolución en la que se
exigía un control mas estricto de la Ley 53/2007 para exportaciones de
armamentos con destino a países preocupantes. Sin embargo, el pasado 29
de marzo cuando en el Congreso de los Diputados se pretendía tratar de
implementar y mejorar dicha Ley para facilitar el efectivo control de
las exportaciones, el resultado de la votación fue el de rechazar esa
propuesta de modificación.

Lo realmente cierto es que el Gobierno debería denegar la autorización
de ventas de armamento a Marruecos y revocar las autorizaciones
concedidas. El ordenamiento legal dispone de mecanismos legales para
ello. El pasado 9 de marzo de 2011, el Presidente del Gobierno se
vanagloriaba en el Congreso de la celeridad con la que España revocaba
dos licencias de armamento que tenía pendientes con Libia, acudiendo
incluso a la suspensión cautelar, recalcando que dichas medidas se
habían iniciado incluso antes de que el Consejo de Seguridad o la Unión
Europea hubiese acordado medidas de embargo en ese sentido. Por un
lado, la revocación evidencia que en su día fueron concedidas
indebidamente, además, hubiera sido bastante difícil ejecutarlas en las
actuales condiciones. Lo que sí demuestra esa decisión es que los
mecanismos legales que prevé la Ley permiten revocar las licencias, es
fácil y rápido, si se tiene voluntad. La negativa a tramitar la
denuncia demuestra lo contrario: la actitud complaciente con Marruecos
y el abandono de las víctimas saharauis de la ocupación marroquí.

--
Publicado por Observatorio para Observatorio aragonés para el Sahara
Occidental el 7/16/2011 10:48:00 PM 
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